Un 30 de octubre de 1983,
hace exactamente 31 años, Raúl Ricardo Alfonsín alcanzaba la presidencia de la
República Argentina, luego de 7 años, 8 meses y 15 días de dictadura militar.
El “Padre de la democracia”, se impuso por el 51,75% de los votos contra el
40,16% del peronista Ítalo Argentino Lúder, quien fuera presidente del Senado
durante la presidencia de Isabel Perón.
El
gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las
Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a
los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar
mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín
debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 días para
procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno
militar.
Alfonsín quedó convertido
en el primer candidato radical en derrotar a un justicialista en un cara a cara
presidencial.
El 6 de diciembre, la Junta
Militar de Comandantes Generales se disolvió y el 10 de diciembre, en el día
internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín recibió la banda presidencial
de manos de Reynaldo Bignone, el último genocida, que escapó vestido de civil
por la puerta trasera de la Casa Rosada.
Posteriormente, Alfonsín
habló desde el balcón del Cabildo a una multitud exultante: “Vamos a asegurar
desde hoy la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra
argentina. Vienen tiempos duros y difíciles, pero no tengan ni una sola duda;
vamos a arrancar, vamos a salir adelante, vamos a tener el país que nos
merecemos, y no porque nos gobiernen unos iluminados, sino por esto, por esta
unidad del pueblo”.
NUNCA MAS
El
gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en
un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y
la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos
157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las
organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el
segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el
país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las
Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), integrada
por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la
misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de
derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También
el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando
nula la ley de autoamnistía Nº 22.924 dictada por
el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº
23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido
informe titulado Nunca
Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada
de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal
civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente
del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22
de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se
dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a
reclusión perpetua, a Roberto
Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las
características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un
gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que
contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos
años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
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