Según el Registro de Infractores al Deber de Votar, cinco precandidatos a presidente y vice no votaron ni justificaron sus votos en las últimas elecciones.
Los infractores son los siguentes:
Manuela Castañeira (Candidata a presidenta por el Nuevo MAS): no voto en el balotaje de 2015.
Juan José Gómez Centurión (Candidato a presidente por el NOS): no votó en las elecciones generales de 2015.
Alejandro Biondini (Candidato a presidente por el Frente Patriota): no votó en las últimas elecciones de 2017.
Luis Rosales (Candidato a vicepresidente de Unite): no fue a votar en el balotaje de 2015, ni en ninguna de las dos elecciones legislativas de 2017.
Sergio Pastore (Candidato a vicepresidente por el Movimiento de Acción Vecinal): no asistió a las últimas dos elecciones de 2017.
Los infractores son los siguentes:
Manuela Castañeira (Candidata a presidenta por el Nuevo MAS): no voto en el balotaje de 2015.
Juan José Gómez Centurión (Candidato a presidente por el NOS): no votó en las elecciones generales de 2015.
Alejandro Biondini (Candidato a presidente por el Frente Patriota): no votó en las últimas elecciones de 2017.
Luis Rosales (Candidato a vicepresidente de Unite): no fue a votar en el balotaje de 2015, ni en ninguna de las dos elecciones legislativas de 2017.
Sergio Pastore (Candidato a vicepresidente por el Movimiento de Acción Vecinal): no asistió a las últimas dos elecciones de 2017.
Qué pasa si no se vota
Existen causales de justificación para no concurrir a votar, que van desde razones de fuerza mayor, como una enfermedad (requerirá certificado médico a presentar ante las autoridades judiciales con posterioridad) o estar a más de 500 kilómetros del lugar a sufragar.
En este último caso, es necesario presentar, para justificar tal cuestión, un certificado emitido en una dependencia policial el mismo domingo.
Quienes se desempeñaron en organismos y empresas de servicios públicos, al igual que jueces y auxiliares implicados en los comicios, también tienen justificada su ausencia.
La pena contemplada por ley es el pago del 10% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy se ubica en $ 1.250.
La norma también prohíbe al infractor ejercer cargos públicos durante un año.
Existen causales de justificación para no concurrir a votar, que van desde razones de fuerza mayor, como una enfermedad (requerirá certificado médico a presentar ante las autoridades judiciales con posterioridad) o estar a más de 500 kilómetros del lugar a sufragar.
En este último caso, es necesario presentar, para justificar tal cuestión, un certificado emitido en una dependencia policial el mismo domingo.
Quienes se desempeñaron en organismos y empresas de servicios públicos, al igual que jueces y auxiliares implicados en los comicios, también tienen justificada su ausencia.
La pena contemplada por ley es el pago del 10% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que hoy se ubica en $ 1.250.
La norma también prohíbe al infractor ejercer cargos públicos durante un año.
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