La diputada Irene Dumrauf acudió a la Justicia para que investigue responsabilidades. La FIA intimó a Educación a iniciar sumarios y demandar a la constructora pero el Ministerio no cumplió.
El 9 de febrero de 2017, el gimnasio cubierto y salón de usos múltiples de la Escuela de Educación Primaria 962, de Coronel Du Graty, inaugurado por Jorge Capitanich durante la campaña proselitista de 2015, se derrumbó por completo durante una tormenta.
Rápidamente el Ministerio de Educación alegó que un tornado había atravesado la ciudad, arrasando con el edificio que tenía una maciza estructura independiente de hormigón armado. Sin embargo, en el entorno de la escuela, otras construcciones precarias seguían en pie.
El Gobierno se comprometió a levantar el edificio, y un equipo de Educación se abocó a dilucidar las razones del derrumbe, aunque la primera medida adoptada remover los escombros para “habilitar” la escuela sin realizar las pericias para determinar las causas del derrumbe.
Tras una denuncia presentada por la diputada Irene Dumrauf días después, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ordenó al Ministerio dilucidar responsabilidades y tomar las medidas para reparar el daño que la ruina del edificio representaba para el Estado.
El Ministerio encargó las pericias a Gauto Ingeniería que concluyó que el derrumbe pudo haber sido originado por el agua acumulada en el techo y las canaletas durante la lluvia.
Acto seguido, contrató “de palabra” a la Nordeste Constructora para recoger los escombros rápidamente y despejar el playón deportivo.
El informe de las pericias no conformó a la FIA, ya que no hacía mención a la calidad de la obra, ni a la relación entre lo construido y los planos, ni a posibles vicios de construcción como la falta de zapatas, que estaban a la vista.
Para completar, Educación dijo haber contratado y pagado en tiempo y forma a Nordeste Construcciones, y exhibió los recibos. Sin embargo, el titular de la empresa dijo que no hubo contrato y que hasta ese momento no sabía cuánto ni cuándo cobraría.
Los planos no estaban aprobados
Por la concatenación de irregularidades, la FIA cuestionó al Ministerio, recriminándole no sólo no adoptar las medidas indicadas, sino también la reticencia a presentar la documentación requerida y responder los informes, los que debieron ser varias veces reiterados.
Entre las más evidentes irregularidades la FIA detectó que no sólo se duplicó el plazo de un año para la ejecución de la obra estipulado en el contrato firmado en 2013 por el entonces ministro Sergio Soto sino que tras la recepción provisoria tampoco se había cumplido el término de 360 días corridos para la recepción definitiva, que venció en 2016.
Ante la FIA el representante de Martínez Construcciones, dijo que el trámite estaba inconcluso porque aún no contaban con los planos definitivos aprobados, un requisito que debió cumplirse un año antes del derrumbe.
El organismo apuntó además contra Educación por no haber investigado la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la obra, ni haber iniciado acciones judiciales contra la constructora que debió responder inmediatamente porque el edificio estaba en garantía.
Hasta ahí, las autoridades educativas sólo se habían reunido con Martínez Construcciones para encontrar una salida consensuada. La empresa presentó “una propuesta” para zanjar la cuestión: costear sólo parte un nuevo edificio, pero sin asumir su responsabilidad en el hecho.
Sumarios y demanda
Por esto, a fines de agosto la FIA reprendió a los funcionarios de Educación, incluida la ministra Mosqueda, y los intimó a iniciar dentro del plazo de los siguientes 30 días la investigación del caso desde la firma del contrato de construcción, y demandar a Martínez Construcciones. Todo, con el fin no sólo de determinar responsabilidades y aplicar sanciones, sino de recuperar el bien arruinado y reparar el daño causado al Estado.
De todo lo actuado, el Ministerio debió remitir copia a la Fiscalía. Sin embargo se vencieron todos los plazos pero el dictamen no se cumplió.
Denuncia penal
Ante esta situación, la diputada Irene Dumrauf volvió a la Justicia, esta vez para denunciar penalmente ante la Unidad Descentralizada de Atención a la víctima y al Ciudadano al exministro Daniel Farías, hoy director del Nuevo Banco del Chaco; a la ministra Marcela Mosqueda; al subsecretario de Infraestructura escolar: Gabriel Lemos, y a todos los que pudieran haber incurrido en la violación de deberes de funcionario público en este caso.
En su presentación, les achaca la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, haciendo hincapié en el perjuicio que su conducta causó al erario público y la sociedad, y la comisión de una serie de arbitrariedades que no sólo pudieron haber derivado en el derrumbe, sino en el encubrimiento de los responsables.
Hasta ahí, las autoridades educativas sólo se habían reunido con Martínez Construcciones para encontrar una salida consensuada. La empresa presentó “una propuesta” para zanjar la cuestión: costear sólo parte un nuevo edificio, pero sin asumir su responsabilidad en el hecho.
Sumarios y demanda
Por esto, a fines de agosto la FIA reprendió a los funcionarios de Educación, incluida la ministra Mosqueda, y los intimó a iniciar dentro del plazo de los siguientes 30 días la investigación del caso desde la firma del contrato de construcción, y demandar a Martínez Construcciones. Todo, con el fin no sólo de determinar responsabilidades y aplicar sanciones, sino de recuperar el bien arruinado y reparar el daño causado al Estado.
De todo lo actuado, el Ministerio debió remitir copia a la Fiscalía. Sin embargo se vencieron todos los plazos pero el dictamen no se cumplió.
Denuncia penal
Ante esta situación, la diputada Irene Dumrauf volvió a la Justicia, esta vez para denunciar penalmente ante la Unidad Descentralizada de Atención a la víctima y al Ciudadano al exministro Daniel Farías, hoy director del Nuevo Banco del Chaco; a la ministra Marcela Mosqueda; al subsecretario de Infraestructura escolar: Gabriel Lemos, y a todos los que pudieran haber incurrido en la violación de deberes de funcionario público en este caso.
En su presentación, les achaca la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, haciendo hincapié en el perjuicio que su conducta causó al erario público y la sociedad, y la comisión de una serie de arbitrariedades que no sólo pudieron haber derivado en el derrumbe, sino en el encubrimiento de los responsables.
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