En el Departamento Almirante Brown se detectaron 13 desmontes, con una superficie total de 2.155 hectáreas, en bloques que varían desde 50 a 625 hectáreas. En el Departamento General Brown se ejecutaron 12 desmontes, por un total de 704 hectáreas, en fracciones que varían desde 12 a 171 hectáreas.
Los desmontes son todos ilegales porque fueron realizados en zona amarilla. Si estas deforestaciones respondieran a las disposiciones dictadas por el Subsecretario de Recursos Naturales, Luciano Olivares, para recategorizar campos en áreas protegidas y por los permisos de desmontes otorgados por el Director de Bosques, Emanuel Carrocino, quedaría finalmente demostrado que el gobierno chaqueño estuvo de acuerdo con los desmontes o cometió un grave error cuando no anuló tales disposiciones y permisos, con lo cual facilitó el ataque contra el monte protegido por la Ley Nacional de Bosques (26.331).
Fue gravísimo el acuerdo o error cometido por el Ministerio de la Producción cuando no anuló los instrumentos ilegales dictados por la Secretaría de Recursos Naturales y por la Dirección de Bosques, a pesar de que fue expresamente planteado por el CENTRO MANDELA de que fueran anulados justamente para evitar que los beneficiarios continuaran desmontando.
Al mismo tiempo de que se plantearan las anulaciones de los instrumentos ilegales, también se pidió que se clausuren las chacras ubicadas en la zona protegida porque allí está prohibido hacer agricultura, como también se solicitó que se labraran las infracciones en cada caso, que se impusieran las multas que correspondieran y que se obligara a los dueños de los campos a reforestar la superficie total que desmontaron, con especies nativas del monte chaqueño.
Si el Ministro de la Producción o el Gobernador del Chaco hubieran anulado los instrumentos ilegales, que hasta ahora son 53 casos, se podría haber evitado que continuaran los desmontes y que se produjeran los cambios importantes que dañó profundamente el ordenamiento territorial del monte, que avanzó violando la Ley de Presupuestos Mínimos, su decreto reglamentario y la Resolución 236/12 del COFEMA. Lo que correspondió fue que el gobierno chaqueño cancelara las autorizaciones ilegales y las ejecuciones de los montes que todavía estaban en pié.
Fuente: Centro Mandela
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